RTVE, la televisión pública española, no vive sus mejores momentos. Sin credibilidad, sin prestigio, sin audiencia y en la ruina, RTVE se ha convertido en un muerto viviente, un cadáver que se pasea por la parrilla televisiva con más pena que gloria. Y como ya se sabe que a perro flaco todo son pulgas, esta agonizante televisión de todos los españoles ha sido acusada de utilizar en un programa a un menor discapacitado “con fines conmiserativos y mendicantes”. Era cuestión de tiempo: los cerebros de la cadena pública han apostado por programas absolutamente impresentables, como “Entre todos”, basados en las miserias de la gente, en las necesidades de los más humildes, en una solidaridad anticuada y chusca. “La caridad retransmitida en directo”, advertíamos en un post sobre ese programa colgado el 18 de septiembre de 2013.
Diez meses después, el Ministerio Fiscal ha presentado una demanda en un juzgado de primera instancia contra el programa de RTVE “Entre todos”, y la productora Proamagna, por vulnerar presuntamente los derechos a la imagen y a la intimidad personal y familiar de un niño con discapacidad. La Fiscalía pide una indemnización de 15.000 euros por daños y perjuicios. Considera que se utiliza la imagen del chaval, un menor al que era fácil identificar (se dieron nombre y apellidos del padre e iniciales del niño), y que se enfatizó su discapacidad con objetivos, insisto, conmiserativos y mendicantes. Telebasura en estado puro.
Se veía venir. Un programa tan repugnante, basado en la exhibición de las desgracias ajenas, es una bomba en cualquier programación seria. Cualquiera podía prever un caso tan vergonzante como el que nos ocupa, excepto los responsables de la televisión pública, que añadieron gasolina al fuego poniendo el espacio en manos de Toñi Moreno, una presentadora a medio camino entre la inconsciencia y la estupidez. Una presentadora que, no se lo pierda, cobra alrededor de 175.000 euros al año, es decir, unos 1.400 euros por programa. Y es que “Entre todos”, la tele conmiserativa y mendicante, le cuesta a la televisión pública 3,68 millones de euros por temporada.
La televisión pública debe cumplir un papel de servicio público. Mostrar los rostros de los ciudadanos desfavorecidos, e invitarles a que hablen de sus desgracias ante las cámaras, no es servicio público. Es hacer de la pobreza, el infortunio o la necesidad un espectáculo. Justo lo contrario de lo que debemos exigir a la televisión de todos los ciudadanos.
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