Trileros y piratas

Pocas máximas resultan tan prácticas como aquella que nos invita a renovarnos… o morir. Les pondré un ejemplo. Hace años era habitual encontrar, en cualquier esquina del centro de las grandes ciudades, a un individuo que, parapetado tras una caja de cartón, proponía a los transeúntes un juego. Tenía tres cartas de la baraja que, una vez mostradas, doblaba, colocaba boca abajo y cambiaba de posición con enorme habilidad. Había que apostar un dinerito y levantar el as. A veces el juego cambiaba, y consistía en encontrar un garbanzo escondido bajo unos vasos de plástico que giraban a toda velocidad. Nunca se ganaba, siempre se perdía. Era un timo. Y al timador se le llamaba trilero.

Renovarse o morir, ¿recuerdan?. Los trileros del siglo XXI se han adaptado a los tiempos y no pisan las calles: trabajan desde despachos climatizados. Tampoco utilizan cajas de cartón, barajas o garbanzos: son propietarios de compañías telefónicas y cadenas de televisión. La policía les protege en lugar de perseguirles. Y socialmente están muy bien considerados: son triunfadores, no delincuentes. Los modernos trileros utilizan el teléfono, las cadenas de televisión, la confianza de los telespectadores, y la indiferencia (cuando no la complicidad) del Estado para saquear a la población. Lo hacen con alevosía y nocturnidad: en esas franjas nocturnas en las que apenas tienen publicidad.

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En el vídeo podemos ver cómo un mirlo blanco (el concursante) llama por teléfono a uno de los habituales “call TV” de madrugada, en este caso de  La Sexta, y acierta las dos pruebas que le dan derecho a ganar el premio. Nada más y nada menos que 60.000 euros. Marisa Gómez Sandoval, presentadora del engendro cuyo rostro tal vez reconozcan (fue mercancía en el “Mujeres y hombres y viceversa” de Telecinco), se queda pálida. Comienza a desvariar, y pone como excusa para no dar el premio que el orden de las letras acertadas no es el correcto. La llamada se corta y se abre la línea a un nuevo mirlo blanco.

Gracias a la magia de Youtube, cuando escribo este post más de 45.600 personas han podido ver cómo se estafa en televisión. Mucha gente, tanta como para que La Sexta asegure haber abierto una investigación sobre lo sucedido y haya garantizado que pagara el premio. Pero es sólo una anécdota. ¿Saben que el teléfono de estos concursos nunca comunica? La llamada del telespectador siempre es atendida, y por tanto cobrada, pese a que son los responsables del programa los que eligen aquellas que entran en directo y concursan. Un ejemplo de los abusos de los 905, concursos seguidos por más de medio millón de personas (según datos de Corporación Multimedia) y denunciados por unas asociaciones de consumidores que llevan años exigiendo transparencia. Un dato sobre la importancia del negocio telefonía-televisión: sólo los mensajes cortos (SMS) movieron el año pasado alrededor de 35 millones de euros en el conjunto de las cadenas de cobertura nacional.

Una cosa es que las cadenas privadas no respeten su compromiso de servicio público, qu lo tienen, y otra que engañen  a los telespectadores. Los concursos telefónicos son un timo, pero el Estado prefiere mirar para otro lado y buscar piratas en otras aguas. Por ejemplo planificando la creación, dentro de la nueva Ley de Economía Sostenible, de una Comisión de Propiedad Intelectual con potestad para bloquear las páginas web a las que puedan acusar de piratería. Policía cultural, dice El País. La respuesta de responsables de páginas web, periodistas y blogueros no se ha hecho esperar. Éste es el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet:

“1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia”.

P.D.1

Apología del ateísmo agresivo. Una pequeña maravilla recogida en el blog de Ignacio Escolar (http://www.escolar.net/)

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