El anuncio por parte del Gobierno de Albert Fabra del cierre de Canal 9, la televisión autonómica valenciana, confirma lo que ya sabíamos: el saqueo de lo público por parte del poder político no tiene límites. Aumentaron la plantilla de la cadena de manera irracional, para colocar a trabajadores de su cuerda y periodistas afines. Crearon unas infraestructuras desproporcionadas, irreales, que les permitieron hacer jugosos negocios privados y endeudarse hasta las cejas. Convirtieron la televisión de todos los valencianos en un aparato de propaganda, que pusieron a su servicio y utilizaron durante décadas. Ahora la dejan caer con una excusa tan demagógica como miserable: prefieren destinar a sanidad y educación los 40 millones que supondría readmitir a los empleados despedido por el ERE, declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia. ¿Acaso son incompatibles todos estos bienes públicos? En una comunidad que ha tirado el dinero con la Formula 1, con la visita del Papa o con el fútbol, digo.

Canal 9 es, efectivamente, un monstruo.  Pero es SU monstruo, el monstruo creado por los políticos que han gobernado y gobiernan la comunidad autonómica más putrefacta de toda España. Ellos han consentido que tenga una plantilla de 1.651 trabajadores y que acumule una deuda superior a los mil millones de euros. Cinco directivos de la cadena se encuentran en estos momentos imputados. ¿Responsabilidades políticas de esta situación? Todas. Es decir, que sólo se podría llegar a entender el cierre de la cadena si fuese acompañado de la dimisión de Fabra y su Gobierno, los peores gestores imaginables.

Patético. Tanto como ver a muchos de los periodistas que hasta hace cuatro días ejercían de altavoces de Fabra quejarse hoy amargamente del cierre de la televisión. Sí, el mismo que ayer ejercía de mamporrero y seguía el dictado de los políticos, hoy defiende, indignado, la independencia de los medios de comunicación y la libertad de expresión. La directora de la cadena dimitió ayer tras acusar a la Generalitat de mentir. “He trabajado en una televisión manipulada”, ha dicho Amàlia Sebastián, la presentadora estrella de Canal 9.  El informativo de ayer abrió con un titular insólito en los 24 años de historia de esta televisión: “Fabra no asume responsabilidades”. Demasiado tarde para todo esto, me temo.

El cierre de Canal 9 es, insisto, un episodio más del desprecio por lo público y del expolio del patrimonio de los ciudadanos. De la misma forma que acabar con la sanidad o la educación públicas es un sueño para la sanidad y la educación privadas, y desmantelar las pensiones abre un nuevo mundo de posibilidades a los fondos privados de inversión, el declive de las televisiones públicas (tras ser saqueadas sus arcas) abre un nuevo y jugoso mundo para las cadenas privadas.

La pregunta es la de siempre: ¿Hasta qué punto los ciudadanos estamos dispuestos a defender lo que es nuestro?

P.D.
El cierre por primera vez en la historia de una televisión autonómica, Canal 9, abre la veda. Supone un claro precedente para el resto de televisiones públicas, todas deficitarias. Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, ya ha advertido que cerrará Telemadrid si la justicia anula el expediente de regulación de empleo aprobado por el Ente Radio Televisión Madrid. Podría parecer una amenaza, o un chantaje, pero es solo lenguaje político.

¿Supone esto que los gobiernos renuncian a sus altavoces favoritos, las televisiones autonómicas? No necesariamente. El cierre de Canal 9 no significa obligatoriamente que Fabra y sus secuaces rechacen contar, en un futuro cercano, con una televisión pública de diferente formato: más pequeña, más barata, más manejable e igual de útil como instrumento de propaganda.