El titular es de los que ponen los pelos de punta: “Es imposible saber cuánto cuesta a España participar en Eurovisión”. Y es que el Gobierno de Mariano Rajoy, el mismo que impulsó a bombo y platillo la llamada Ley de Transparencia, ahora ha presentado cinco recursos a los tribunales para oponerse al Consejo de Transparencia y no tener que dar información sobre los gastos de, entre otras cosas, RTVE. Como si de un fondo de reptiles se tratase.
Todo comenzó cuando un par de ciudadanos curiosos quiso conocer el coste de la participación española en Eurovisión. Ya sabe, los viajes, el vestuario, las dietas, los hoteles. RTVE ni les contestó, a fin de cuentas eran solo un par de insignificantes ciudadanos. Ante la insistencia de la pareja, qué pesaditos, el Ente respondió que las cifras podrían perjudicar sus intereses comerciales. Secreto de Estado. Algo difícil de entender en una televisión pública, sin publicidad, sin intereses comerciales. El Consejo de Transparencia dió la razón a los ciudadanos: “Proporcionar información desagregada sobre el coste en euros por cada canal de televisión abierto al público no daña el secreto comercial o empresarial ni los intereses económicos”.
“¿En qué cojones se están gastando nuestras perras?”, se preguntará un tercer ciudadano, menos paciente y templado que los dos anteriores. Un tipo éste último quizá desconfiado por naturaleza, quién sabe si alguien estafado por Bankia, un votante del Partido Popular o simplemente un telespectador que vio el otro día el programa de Osborne y Arévalo. Una víctima, en resumen, de los tiempos oscuros y sucios que nos ha tocado vivir.
Lo que piden esos dos señores no parece tan raro: ¿Cuánto ha costado, nos ha costado, la participación española en esa basura llamada Eurovisión? La simple ocultación, la nula transparencia inicial, nos hacen temer lo peor. RTVE no solo es gris en su programación. Algo huele mal en su gestión económica.
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